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15 de febrero de 2017 | SET

De acuerdo con las Resoluciones de Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud, la Cumbre de Alcaldes del Vaticano de 2015 de las principales ciudades del mundo, la Declaración Conjunta de líderes de la fe en 2014 contra la esclavitud moderna y el Magisterio del Papa Francisco, 2016, en la Cumbre de Jueces sobre Tráfico de Personas y Delincuencia Organizada, declaró que el tráfico de órganos y la trata de personas con fines de extracción de órganos son "verdaderos crímenes contra la humanidad" que deben ser reconocidos como tales por todos los líderes religiosos, políticos y sociales, y por la legislación nacional e internacional.

El encuentro contó con participación de la Doctora Beatriz Domínguez Gil, de la Organización Nacional de Trasplantes española (ONT), quien subrayó que el principal problema a la hora de combatir el tráfico ilegal de órganos es que "muchas veces ocurre en un contexto trasnacional".

El que un sujeto acuda a otro país para implantarse el órgano de otra persona implica un problema añadido pues entran en juego dos jurisdicciones distintas y, en su opinión, "no existe cooperación internacional en la persecución de este tipo de prácticas".

Domínguez Gil dijo que el perfil de las víctimas de las redes del tráfico de órganos suele seguir un patrón similar: varones jóvenes, por debajo del umbral de la pobreza y prácticamente analfabetos, por lo que no comprenden los riesgos que entrañan las operaciones.

Viven en países pobres que no consideran prioritario la lucha contra este tráfico y que adolecen de una legislación "muy pobremente implementada" para hacerlo frente.

Por contra, los países de los que procede el receptor suelen ser ricos con escasa oferta de órganos y a juicio de Domínguez Gil deben "ponerse dificultades para que un paciente se vaya a trasplantar en estas condiciones".

Una vez han pasado por el trasplante y regresen a su país de origen, deberían responder a "algún tipo de responsabilidad" y la doctora opinó que debe existir "la obligación de que los profesionales (médicos) reporten estos casos" cuando los conozca.

"Que no se limiten a seguirlos en los centros sin reportar que ese paciente ha regresado trasplantado en esas condiciones", dijo.

Puso como ejemplo el caso de España, donde "no hay pacientes que vayan a otros países a trasplantarse" porque en su país tienen acceso a los órganos.


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